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El Gobierno Nacional reforzó los controles en la frontera y endurece la política migratoria

Habrá un sistema de alerta temprana de pasajeros sospechosos y un cruce de datos con Interpol; también se busca que la justicia aplique el decreto de expulsión de extranjeros que delinquen. En San Juan ya se registró un caso a través de Flagrancia.

Evitar el ingreso de eventuales grupos terroristas, aumentar los controles en un año sensible para la seguridad nacional por la cumbre del G20 y agilizar la puesta en marcha del decreto que fijó un mayor seguimiento a los extranjeros que cometan delitos. Bajo estas premisas, el Gobierno decidió reforzar en los últimos días su política migratoria y se dispone a mantener mayor firmeza en los mecanismos de vigilancia en los ingresos a la Argentina.
"En un año clave como será este donde la Argentina tendrá más de 30 reuniones del G20 con una cumbre de presidentes hay que reforzar todos los controles al máximo", explicó un funcionario de la Casa Rosada abocado al tema. En la práctica, este mecanismo que se acordó con más de 20 países prevé contar con un mapeo de los pasajeros provenientes de ciudades desde donde podrían venir grupos terroristas o sectores relacionados con el narcotráfico. Estos temas se dialogaron ayer en el Palacio San Martín durante la visita que hizo al canciller Jorge Faurie y a buena parte del gabinete nacional el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. "Hay una conexión directa entre el narcotráfico en América latina y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial", coincidieron los funcionarios de Donald Trump y de Mauricio Macri en la reunión.

Por otra parte, desde la Dirección de Migraciones que lidera Horacio García se decidió reforzar en la práctica el decreto que fija mayores controles a los extranjeros residentes en el país y que tienen causas penales. El año pasado Macri emitió un decreto por el cual se podrá expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país. A la vez, la norma estableció que si un extranjero tiene condena o está cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tiene antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o má no podrá ingresar al país.

Desde que se estableció esa norma en enero del año pasado hasta ahora hubo unas 470 expulsiones de extranjeros. Pero en la Casa Rosada creen que esta cifra podría incrementarse si hubiera una conciencia más firme de parte del sector judicial y una colaboración conjunta más estrecha en la materia.

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San Juan a través del sistema de Flagrancia logró juzgar a un colombiano, por tentativa de hurto agravado por la participación de un menor, y sería expulsado luego de que la Justicia Federal intervenga y ordene a través de un escrito que sea sacado del país.

Johnny Rojas Quintero obtuvo una condena de 5 meses de cumplimiento condicional por lo cual debería quedar en libertad. Sin embargo, según lo dispuso la autoridad judicial deberá quedar a cargo de Migraciones para completar el proceso de expulsión.

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