País
Martes 18 de Septiembre de 2018

Cristina se defendió mediante un escrito por la causa de las coimas

La expresidenta se presentó en Comodoro Py ante el juez Casanello, por las supuestas maniobras que la implican por lavado de dinero.

Después del revés por los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner volvió hoy a defenderse por un caso de corrupción que la involucra en las maniobras de lavado del empresario Lázaro Báez, la causa conocida como "la ruta del dinero K".

La expresidenta llegó después de las 10.30 apoyada por un grupo de unos 30 militantes kirchneristas que la estaban esperando en la puerta de Comodoro Py. Ingresó por el costado del edificio, no hizo declaraciones ante la prensa y subió directo hasta el despacho del juez Sebastián Casanello.

La ex presidenta presentó un escrito por la indagatoria y luego podría dirigirse hasta el juzgado de Claudio Bonadio para notificarse por el procesamiento.

La ruta del dinero K

Casanello había citado a la expresidenta a instancias de la Cámara Federal, que consideró que Cristina Kirchner pudo haber sido coautora por el lavado de dinero que realizó el empresario patagónico.


Los camaristas, además, recordaron que la senadora ya está procesada por integrar una asociación ilícita vinculada a distintos delitos de los que habría participado Báez a través de contratos de obra pública en Santa Cruz y de la actividad de sus hoteles en El Calafate. Ese dinero -sostienen- formarían parte de los fondos que fugó el empresario.


El juez Casanello investiga en "la ruta del dinero K" los movimientos realizados por Lázaro Báez para fugar US$60 millones, lo que motivó su detención desde hace más de dos años. La maniobra se realizó a través de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", una cueva que funcionaba en Puerto Madero. El dinero se canalizó a través de sociedades offshore y terminó en Suiza, en una fundación a nombre de los hijos del empresario.


El primer pedido para incluir a Cristina Kirchner dentro de los acusados en "la ruta del dinero K" fue de la Oficina Anticorrupción, una dependencia del Poder Ejecutivo, allá por junio de 2016. Ese pedido fue reiterado por la UIF y por el fiscal Guillermo Marijuan, pero siempre había sido rechazado por el juez Casanello, que considera que no existen pruebas para acusarla por el lavado de dinero realizado por Báez.

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