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Crecieron las estafas por medios electrónicos

La vida normal de las personas, en especial de los consumidores se ha visto afectada por la pandemia este año. El encierro y aislamiento los ha volcado al uso de las tecnologías digitales para adquirir productos o servicios. Han sido numerosas las transacciones, advirtiendo un aumento de estafas por medios electrónicos y poniendo a los consumidores en una situación de vulnerabilidad. En muchísimos casos no se ha cumplido con el trato digno y equitativo, el deber de información y tantos otros principios establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240. Mediante publicidades engañosas se ha perjudicado un gran grupo de consumidores a los que no se les ha respetado ni reconocido su dignidad, tal como lo establece el art. 51 del CCyC Argentino. Nuestra Carta Magna - art. 75 inc 22- otorga jerarquía constitucional a diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, abarcando distintos tipos de sujetos vulnerables.

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La vulnerabilidad y la utilización de los bienes o servicios adquiridos para su uso propio, familiar o social, son factores determinantes de la protección de esta categoría y obliga a poner en práctica mecanismos protectorios. Nos referiremos a los “consumidores hipervulnerables”; un concepto novedoso incluido en la Resolución N° 139 del 28/05/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Comprende un subgrupo de personas que la Constitución Nacional protege en su art. 42 al decir que los consumidores y usuarios tienen derecho a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. Obliga a las autoridades a la protección de sus derechos, a la educación para el consumo, a establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos.

Ciertas condiciones socio económicas, culturales y étnicas constituyen causas de hipervulnerabilidad: mayores de 70 años, jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que reciban un ingreso no mayor a dos SMVM, estar inscriptos en el Monotributo Social, pertenecer al colectivo LGBT+, personas con discapacidad con certificado que lo acredite; migrantes, turistas; pertenecer a pueblos originarios, residir en zonas rurales o en barrios populares, beneficiarios de planes sociales o seguros de desempleo, titulares de pensión vitalicia a Veteranos de Guerra o estar incorporados al personal del servicio doméstico.

Se hace imperativo articular acciones con organismos públicos y privados a los fines de reforzar la protección a estos consumidores hipervulnerables y garantizar que en todo proceso administrativo en que intervengan se asegure un lenguaje accesible, claro, entendible y adecuado.

Ab. Verónica Navarro. M.P. 2118. Docente de Universidad de Congreso