“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron desde ANDIS y el Ministerio de Salud, que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema.
El nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiados se incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.
El incremento se estableció después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo sobre la oposición. Y llega con demora. El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso provocó corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en el pago de prestaciones.
Por esa razón, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad, junto a otras agrupaciones, marcharon frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un incremento en el nomenclador y que el gobierno de Javier Milei “cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector”. La ley impone un aumento del 70% en vez del 35% concedido por las autoridades nacionales.
“Ordenamos el sistema”
En diálogo con este medio, desde el Poder Ejecutivo remarcaron que el incremento se enmarca en una política de “normalización y previsibilidad” del sistema, en contraste con lo ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.
“Cabe recordar que los mismos que hicieron política los últimos meses con este tema son quienes en 2023 aumentaron el nomenclador apenas un 93%, frente a una inflación del 211%. Incluso, muchas provincias pagan —cuando quieren— la mitad de lo que paga Nación, como ocurre con IOMA en la provincia de Buenos Aires”, destacaron desde el entorno de la ANDIS.
En ese sentido, fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo interventor es Alejandro Vilches, sostuvieron que la actualización actual “no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de los fondos”, con el objetivo de garantizar que “la plata vaya donde corresponde”.
En un principio la medida fue apelada por el interventor de ANDIS, pero la justicia federal catamarqueña mantuvo la decisión que ordena “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente”. La decisión del gobierno de La Libertad Avanza fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre y se hizo efectiva a través de la resolución de la ANDIS 13901/2025.
El aumento beneficiará a miles de profesionales, instituciones y centros especializados que conforman la red nacional de atención a la discapacidad. Al mismo tiempo, busca asegurar que los usuarios y beneficiarios continúen recibiendo servicios de calidad sin interrupciones, incluso en contextos de presión inflacionaria.
“Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”, subrayaron los funcionarios consultados por Infobae. El aumento será formalizado a través de la publicación del Boletín Oficial que podría producirse mañana.
