Oyarbide será investigado por el Consejo de la Magistratura

El caso servirá para medir si La Cámpora, que tiene dos integrantes en el Consejo de la Magistratura, respalda a Oyarbide o le baja el pulgar. Desde el Gobierno aún no hubo repercusiones sobre la revelación que hizo Infobae el martes.

Oyarbide quedó en la mira luego de admitir en un sumario interno frenó un operativo en una financiera por un pedido de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica. El propio magistrado ratificó sus dichos en una entrevista con este medio. El miércoles habló del caso en la puerta de su casa y hubo una fuerte reacción del arco opositor.

"Esto amerita que se inicie una investigación", declaró Mario Cimadevilla en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red. El senador radical es integrante del Consejo de la Magistratura, órgano clave en la designación y remoción de los jueces de la Nación.

"Con este caso se corrobora lo que ha sido una intención constante de un de un gobierno que entiende que los jueces deben ser del poder y no de la constitución. Oyarbide es un juez que demostró que responde a los caprichos de quien gobierna. No se puede parar un procedimiento porque lo propone un funcionario de otro poder del Estado, a lo sumo se tienen que tomar decisiones por lo que transmitan los hombres del propio juzgado", analizó Cimadevilla.

El 19 de diciembre pasado, personal de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal (DIFOC), allanó las oficinas de la Asociación Mutual Propyme, una financiera muy conocida en el mercado de dinero. Los policías llevaban una orden de allanamiento firmada por el juez Oyarbide y por su secretario Carlos Leiva. Según denunciaron el dueño de la financiera Guillermo Greppi y su abogado Fernando Torres, los policías se comportaron de forma violenta, y pidieron una coima para evitar el allanamiento. Hubo gritos, discusiones, reuniones en privado entre los policías y los que mandan en la financiera. Finalmente el juez Oyarbide, que no estaba en el lugar, llamó y paró el operativo.

A partir de esa situación anómala, la Cámara Federal porteña, que es el tribunal superior de Oyarbide, inició un sumario interno. En ese sumario interno, según informaron fuentes judiciales a Infobae,Oyarbide admitió que paró el allanamiento luego de haber recibido un llamado de Carlos Liuzzi, hombre de extrema confianza del secretario Legal y técnico de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini. Lo hizo por escrito ante un pedido realizado por el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, quien conduce el sumario administrativo que se realizó para determinar como fue lo sucedido. Una copia de este sumario ya está en poder del Consejo de la Magistratura.

Greppi y Torres se presentaron ante el mismo Oyarbide y contaron todo lo sucedido. Oyarbide realizó la denuncia y quedó a cargo de esa investigación el juez federal Luis Rodríguez. En ese expediente declararon los empleados de la financiera y Greppi y Torres, quienes mantuvieron sus dichos respecto de la actuación policial y del pedido de coima para no realizar el allanamiento. Los policías de la DIFOC señalados por los denunciantes son Fabio Ascona y Ángel Castro. Según dijeron en Tribunales los de la financiera, les pedían 300 mil dolares para no hacer el operativo. Y ante las llamadas que Greppi hacía a distintas personas de diferentes estamentos del poder, los policías les recomendaron no hablar con nadie más porque ellos no recibían órdenes de ningún otro que no fueran el juez y su secretario.

"Si Oyarbide tuviera dignidad debería irse a su casa, y es gravísimo para Zannini también. Además debe dar explicaciones de por qué levanta un teléfono, pero claro, me pongo en el lugar de Zannini y cómo no te va a atender el teléfono", disparó Luis Juez en declaraciones al programa "Trifecta informativa", de Radio Splendid.

El senador nacional del Frente Amplio Progresista por Córdoba, quien recordó que fue fiscal anticorrupción, fue más allá, al graficar que "hay que sacarlo cagando a patadones, son tipos que desprestigian la Justicia".

Según su interpretación, el problema principal no es la llamada que hizo Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, en medio de un allanamiento en diciembre, sino el hecho de que "el magistrado haya atendido esa llamada, ¿y lamentablemente sabe la cantidad de Oyarbides que hay en la Argentina?", preguntó.

Quien también se refirió al hecho fue Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, quien confirmó que "apenas me enteré de esto he pedido formalmente que la cámara federal que está investigando el tema nos mande copia del expediente para no demorar el de ellos y comenzar a investigar nosotros cuanto antes porque es muy grave", en declaraciones a InfobaeTV.

El especialista aseguró que la suspensión de un allanamiento es una medida muy grave, "pero en este caso, por partida triple. En primer lugar porque la llamada fue hecha por el poder Ejecutivo, no por el propio Poder Judicial. En segundo lugar porque la suspensión se ordenó a resultas de lo que parecería un ilícito policial. Y en tercer lugar porque la suspensión de un allanamiento lo arruina".

Fargosi explicó que la forma de actuar ante un eventual hecho de esas características, el juez debería "haberse apersonado en el lugar donde se producía el problema, además de ir con más policías para desplazar a los que se dice que cometían un ilícito, hasta detenerlos, y continuar con el allanamiento".

Sobre su impresión respecto del cuestionado magistrado al ser parte él del Consejo de la Magustratura, aclaró que "hace tres años y medio que estoy ahí e inicié seis denuncias contra el juez Oyarbide y ninguna de esas denuncias avanza porque el oficialismo no da los votos. Es un tema que hay que analizar de una vez por todas".

Infobae