La iniciativa obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero su tramitación en el Senado permanece paralizada.
La Iglesia Católica volvió a formular un llamado de atención al Poder Legislativo Nacional en relación con la problemática de los juegos de azar y las apuestas virtuales.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) envió una misiva institucional a la presidenta de Senado, Victoria Villarruel, y a la totalidad de los integrantes de la Cámara Alta, en la que demandó el abordaje "urgente" de la ley de prevención de la ludopatía.
El fundamento principal de la entidad religiosa es que la iniciativa corre el riesgo de perder estado parlamentario y ser archivada en el transcurso del próximo mes.
Los obispos también remarcaron que el fenómeno de las adicciones a las apuestas dejó de ser una proyección para transformarse en una crisis con secuelas directas en el entramado social y familiar.
Para justificar sus afirmaciones, citaron relevamientos elaborados por UNICEF Argentina y el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja sobre el impacto del juego en la infancia y la adolescencia. Asimismo, enfatizaron que la falta de legislación perpetúa la vulneración de los sectores desprotegidos e invocaron postulados del papa León XIV respecto de los costos sanitarios de la actividad.
El proyecto objeto del reclamo eclesiástico, impulsado por la Coalición Cívica, obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero su tramitación en el Senado permanece paralizada.
El mismo contempla, en primer lugar, la prohibición absoluta de publicidades de apuestas en medios de comunicación, redes sociales y prendas deportivas. Además, establece sanciones penales para influencers que promocionen plataformas de juego, la obligatoriedad de la validación biométrica mediante el Sistema de Identidad Digital, la restricción del uso de tarjetas de crédito y la incompatibilidad para que empresarios del rubro ejerzan la dirigencia en clubes deportivos.
Por otro lado, en mayo, el Gobierno envió un proyecto alternativo a la Cámara de Senadores. Esta iniciativa contempla esquemas más flexibles que autorizan la publicidad de operadores con licencia habilitante, focaliza las penas sobre los sitios clandestinos y delega la verificación de edad en las propias empresas privadas.
