El fenómeno golpea con más fuerza a ciertas actividades: en agro, gastronomía, servicio doméstico y construcción, la informalidad supera el 60%. En contraste, sectores como petróleo, minería o finanzas registran niveles por debajo del 15%. En el sector público, la tasa es menor al 10%, mientras que en el privado trepa a casi el 50%, con grandes diferencias internas según la rama productiva.
El mapa nacional también muestra desigualdades profundas: Salta, Santiago del Estero y Tucumán superan el 50% de informalidad asalariada, mientras que en provincias patagónicas como Tierra del Fuego y Santa Cruz, la tasa baja del 20%. La explicación está en la estructura productiva: el norte, con menos empresas por habitante y fuerte peso del agro, contrasta con la Patagonia, donde grandes industrias y proveedores formales generan más empleo registrado.
Evolución y causas
Mirando hacia atrás, la informalidad asalariada era del 27% en 1986, llegó casi al 50% en 2003, descendió al 32% en 2015 y desde entonces volvió a subir hasta rondar el 36% actual. La principal causa: un estancamiento económico que frenó el crecimiento del empleo formal, mientras que el empleo informal y los trabajos no asalariados siguieron expandiéndose incluso en crisis.
El vínculo entre economía y empleo registrado existe: por cada 1% que sube el PBI, el empleo formal crece un 0,7%, es decir, unos 50.000 puestos. Sin embargo, la experiencia muestra que no basta solo crecer: la calidad del crecimiento, los sectores que lo impulsan y la solidez de las instituciones laborales son clave para consolidar trabajo con derechos.
Argentina, el promedio regional y los vecinos
Con un 36% de informalidad asalariada, Argentina está mejor que el promedio latinoamericano (43%), pero todavía lejos de países como Uruguay (10%), Chile (15%) y hasta Brasil (24%). Esto demuestra que la informalidad no depende solo del nivel de desarrollo o ingreso per cápita: factores como la presión tributaria, la normativa laboral y la estructura productiva tienen un peso determinante.
