Cormick fijó multas de $100.000 por día a la Jefatura de Gabinete. Un día antes, Ravier había negado el incumplimiento: dijo que la ley está interrumpida.
El Gobierno apelará la resolución del juez federal Martín Cormick, que dio por probado que el Ejecutivo no cumple la Ley de Financiamiento Universitario y le fijó a la Jefatura de Gabinete una multa de $100.000 por cada día que pase sin aplicarla.
La decisión se conoce en la víspera de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves a las 16 en Plaza Congreso, y un día después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, negara que el Gobierno esté incumpliendo la norma.
El magistrado, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, interviene en la causa que impulsaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional. El 30 de septiembre había advertido que aplicaría sanciones si la orden no se cumplía. Ahora consideró verificado el incumplimiento y ejecutó esa advertencia con astreintes, multas que se acumulan por cada día de demora y que buscan forzar el cumplimiento más que castigar.
El monto inicial es bajo en términos fiscales: unos $3 millones por mes. Pero el juez dejó abiertas dos puertas que lo vuelven más pesado: tanto la cifra como la lista de funcionarios alcanzados pueden ampliarse si el incumplimiento continúa.
La disputa judicial gira en torno al Decreto 759/2025. La semana pasada, el propio Cormick declaró inconstitucional la cláusula de ese decreto que el Ejecutivo usaba para no girar los fondos que establece la ley. La apelación contra las multas abre un segundo frente en el mismo expediente.
La resolución también le da otra dimensión al debate que se abrió ayer en Diputados. En la primera reunión por el Presupuesto 2027, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó un proyecto para instruir al jefe de Gabinete a cumplir la ley y la sentencia judicial, con fondos que saldrían de recortar Obligaciones a cargo del Tesoro. El oficialismo respondió que los diputados no tienen facultades para darle órdenes a la Jefatura.
En la misma reunión, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, atribuyó parte del aumento del gasto social a la “vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario”.
