Uno de los principales elementos expuestos durante la conferencia de prensa fue un informe técnico elaborado por Specs Consultoría. Según la defensa, el estudio analizó la distribución de fondos del fideicomiso administrado por Vialidad entre 2009 y 2015.
Los abogados señalaron que durante ese período se distribuyeron más de US$2.000 millones y que las empresas vinculadas a Báez recibieron el 0,85% de esos recursos. La defensa considera que ese dato puede cuestionar uno de los argumentos utilizados para sostener que el mecanismo establecido por el decreto 54/2009 había sido creado con el objetivo de beneficiar al empresario.
El informe también ubica a otras empresas entre las principales receptoras de esos recursos. La defensa destacó particularmente a IECSA, vinculada entonces a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Este aspecto forma parte de la interpretación que los abogados hacen del nuevo estudio y no modifica por sí mismo el contenido de la condena.
Para la defensa, el decreto 54/2009 constituye uno de los puntos centrales sobre los que se construyó la condena por administración fraudulenta. Los abogados sostienen que la norma tenía un alcance general y que la nueva información sobre el destino efectivo de los fondos permite discutir la hipótesis de que fue creada específicamente para favorecer a Báez.
Según explicó Beraldi, durante el juicio habían pedido una pericia contable para determinar cómo se habían distribuido los recursos, pero esa medida fue rechazada. La información que ahora utilizan surgió, según la defensa, de una base de datos mencionada por un funcionario de Vialidad durante una declaración en la causa Cuadernos.
La presentación no cuestiona únicamente el monto asignado al Grupo Austral, sino que busca poner nuevamente bajo análisis la relación entre el decreto, el fideicomiso vial y los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta.
Con esos elementos, los abogados preparan un recurso de revisión ante Casación. La estrategia también apunta a pedir que se suspendan los efectos de la condena mientras se analiza el nuevo planteo, incluida la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En paralelo, la defensa incorporará estos argumentos a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo al que recurrió para denunciar presuntas vulneraciones de derechos y garantías durante el proceso judicial.
La nueva presentación representa, así, otro intento de la defensa por reabrir la discusión sobre una condena que ya fue confirmada en las instancias judiciales correspondientes. El nuevo informe es, por ahora, un elemento presentado por los abogados de Cristina Kirchner y deberá ser evaluado por los organismos judiciales ante los que sea incorporado.