Los informes, que fueron revelados por La Nación, identifican operaciones con prótesis, válvulas cardíacas, implantes cocleares, sillas de ruedas y otros dispositivos médicos. En sus conclusiones, los técnicos señalaron la existencia de “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”, una calificación que vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos de contratación de la ex ANDIS.
La documentación fue elaborada en dos etapas: una primera revisión fechada el 15 de octubre de 2025, semanas después de que estallara el escándalo por los audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, y un segundo análisis firmado el 10 de abril de este año. Ambos trabajos fueron incorporados a la investigación judicial.
Las compras de la ANDIS quedaron bajo sospecha por diferencias millonarias
Uno de los casos más significativos que aparecen en los documentos corresponde a la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El 8 de julio de 2025, la ANDIS abonó $425 millones a la firma Farma Salud por ese insumo.
La comparación con una compra del PAMI expuso una brecha considerable. El organismo previsional había adjudicado el mismo sistema a Siprotec SA el 25 de marzo de ese año por un valor unitario de $124,2 millones. Según el análisis técnico, el monto pagado por la ANDIS superó ampliamente esa referencia.
Las observaciones también alcanzaron otras operaciones de Farma Salud. En la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible, los valores facturados al organismo de Discapacidad habrían superado hasta en un 711% los precios de compras comparables realizadas por el PAMI.
El informe advierte que las diferencias no se limitaron a un proveedor o a una única categoría de productos, sino que aparecen en distintas operaciones relevadas por los equipos técnicos.
Implantes cocleares y neuroestimuladores: los precios que cuestionaron los técnicos
Otro de los rubros señalados fue la compra de implantes cocleares a Droguería Floresta. De acuerdo con el documento, la ANDIS pagó un promedio de US$62.613 por unidad, mientras que una adjudicación comparable realizada en septiembre estableció un valor de US$12.125.
Los técnicos también tomaron como referencia un precio de mercado cercano a los US$16.975 por implante. Sobre esa base, calcularon una diferencia de US$45.638 por unidad, equivalente a un sobreprecio del 269% respecto del valor estimado.
El relevamiento incluyó además un neuroestimulador implantable bilateral, adquirido a Neurosalud por $132,4 millones en junio de 2025. Un mes antes, el PAMI había comprado el mismo dispositivo por $41,5 millones por unidad. La comparación arrojó una diferencia del 219%, según los cálculos incorporados al expediente.
Las operaciones forman parte de un conjunto de adquisiciones que la documentación considera inconsistentes con los valores de referencia disponibles y que ahora son materia de análisis en la causa.
Una factura de $28,7 millones habría sido pagada dos veces
Las observaciones no se circunscribieron a los precios de los insumos. El informe también detectó una posible duplicación de pagos a la proveedora Indecomm, que en noviembre concentró seis facturas emitidas a la ex ANDIS.
Entre ellas, una por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades. La presunta irregularidad quedó consignada en el relevamiento técnico y se suma a las diferencias de precios detectadas en otras contrataciones.
La explicación de un exfuncionario de Andis sobre el mensaje de las “ofrendas” que investiga la Justicia
La investigación también identificó problemas en la clasificación de determinados productos. El segundo informe, fechado en abril, señala que se habrían facturado unidades de categoría C01 por montos de entre $11 millones y $14,9 millones, cuando las necesidades de los pacientes correspondían a dispositivos D01 con sistema de inclinación, cuyos valores de referencia oscilaban entre $1,3 millones y $2,3 millones.
Según los técnicos, la categorización utilizada habría derivado en pagos considerablemente superiores a los que correspondían para cubrir los requerimientos terapéuticos.
El informe cuestionó la compra de prótesis importadas frente a alternativas nacionales
Uno de los ejes del documento apunta a la adquisición de equipamiento importado pese a la existencia de alternativas de fabricación nacional. Los responsables del análisis sostuvieron que, en determinados casos, los productos locales podían responder a las necesidades clínicas de los pacientes con mejores condiciones de durabilidad y adaptación anatómica, además de un costo inferior.
En ese contexto, el informe cuestionó la utilización recurrente de módulos importados cuyos precios habrían superado entre un 300% y un 1.000% los valores de referencia. Los técnicos consideraron que esa diferencia no contaría con una justificación clínica ni económica suficiente.
La observación introduce otro aspecto en la investigación: además de determinar si existieron sobreprecios, la Justicia deberá establecer si las características de los productos adquiridos respondían efectivamente a las necesidades de los beneficiarios y si las decisiones de compra estuvieron debidamente fundamentadas.
Una prótesis que figuraba como entregada nunca habría llegado al paciente
Entre los episodios relevados aparece el caso de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis por una amputación. En los registros administrativos figuraba un remito de entrega firmado por su madre, pero el relevamiento posterior determinó que el insumo no había sido recibido.
De acuerdo con el informe, la firma se habría obtenido en circunstancias que llevaron a la familiar a creer que estaba validando otra instancia del procedimiento, vinculada con la toma de medidas. La documentación sostiene que ese registro no acreditaría la entrega material del producto.
El caso expone una posible falla que va más allá de los mecanismos de contratación: la existencia de documentación que acredita una prestación sin que el beneficiario haya recibido el elemento que necesitaba.
El expediente también incluye una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%. Sin embargo, la Ortopedia Bernat indicó que, al menos hasta mayo, ese comprobante permanecía impago. Según la explicación de la firma, se había previsto entregar un equipo de mayor complejidad, pero finalmente se suministró uno más sencillo, mientras que la facturación habría mantenido el valor de la adjudicación original.
La investigación apunta al sistema de licitaciones de la ex ANDIS
Los informes de Vilches se incorporaron a una investigación que también cuenta con un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Ese organismo había detectado diferencias de precios incluso entre licitaciones realizadas dentro de la propia ANDIS, un elemento que amplió el alcance de las sospechas sobre los mecanismos de contratación.
A partir de ese material, el fiscal federal Franco Picardi puso el foco en un presunto esquema de licitaciones restringidas, con una cantidad limitada de oferentes, en contraste con los procedimientos de competencia más amplia que recomiendan las autoridades.
La Justicia deberá determinar si las diferencias detectadas responden a irregularidades administrativas, decisiones de compra injustificadas o un mecanismo deliberado para favorecer determinadas operaciones y proveedores.