El planteo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostuvo que el Gobierno continúa sin acatar la cautelar, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.
La Ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades públicas, con el objetivo de reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025.
Según la interpretación expuesta en el expediente, esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
La normativa también contempla actualizaciones mensuales de las remuneraciones según la inflación y la recomposición de las becas estudiantiles.
Cormick ya había intimado al Estado a cumplir con la medida dentro de un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Tras una nueva prórroga, la parte demandante sostuvo que los pagos seguían sin registrarse y pidió que se aplicaran multas diarias y progresivas.
La defensa del Gobierno nacional
El Gobierno apeló la decisión judicial y cuestionó que se le exijan pagos sin que, a su entender, estén determinados con precisión los montos adeudados ni el alcance concreto de las obligaciones. También solicitó que la apelación tuviera efecto suspensivo, pero el juez rechazó ese planteo.
Como parte de su defensa, la administración nacional aseguró que desde diciembre de 2023 otorgó aumentos en las partidas destinadas a los salarios universitarios. Según sus cálculos, con el incremento del 21,33% dispuesto en junio de 2026, la suba acumulada alcanzó el 226,80%.
Además, señaló que convocó a una paritaria trimestral y que propuso una recomposición del 3% para septiembre, complementaria de otro aumento del 3% acordado en junio, con impacto en los haberes de octubre.
El Ejecutivo también cuestionó el cálculo que llevaría a exigir una actualización salarial acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Argumentó que ese criterio no está contemplado en el Presupuesto 2026 y que no existen partidas aprobadas por el Congreso para afrontar una suba de esa magnitud.
La multa se conoció en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo por el cumplimiento de la ley y el financiamiento de las casas de estudio.
Mientras el expediente principal continúa bajo análisis de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la cautelar permanece vigente. Con la sanción económica contra Santilli, la Justicia busca que el Gobierno avance en el cumplimiento de las obligaciones fijadas en materia de salarios y becas universitarias.
