La imputación de la Presidenta se conoció este mediodía por decisión del fiscal Gerardo Pollicita, quien analizó la presentación de Nisman, de casi 300 páginas. El funcionario judicial, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, firmó un requerimiento para que se tomen varias decenas de medidas de prueba. El dictamen quedó en el juzgado federal N° 3, Daniel Rafecas.
En la causa también quedaron implicados el canciller, Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente Luis D'Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche. Todos ellos, según Nisman, siguieron un plan operado por Cristina Kirchner para encubrir a un grupo de iraníes y desviar la investigación por la voladura de la mutual judía.
El miércoles 14 de enero, Nisman, quien era el titular de la Unidad Fiscal AMIA, presentó su denuncia por "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa [AMIA], para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso".
"La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman", había escrito Nisman.
Cuatro días después, horas antes de presentarse en el Congreso Nacional para dar detalles de la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su departamento con un balazo en la cabeza.
Sabiendo las consecuencias que tendría la imputación de Cristina Kirchner, desde el Gobierno salieron a defender su gestión. "Sería una maniobra de desestabilización democrática", afirmó esta mañana el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. Y consideró que la imputación "no tiene ningún valor, ni importancia" en términos judiciales, pero que provocaría "estrépito" en la sociedad.
LA DENUNCIA DE NISMAN
La operatoria que develó Nisman consistía en que la Presidenta hablaba con un agente de la ex SIDE de su confianza o con "el Cuervo" Larroque y que éstos ponían en conocimiento de D'Elía o Esteche esas órdenes. Y D'Elía las comunicaba al supuesto agente iraní Alejandro Yussuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, uno de los prófugos del ataque.
Nisman escribió que Cristina negoció levantar las acusaciones contra Teherán para poder comprarle petróleo barato a cambio de granos y para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos "fachos locales", de modo de fabricar la inocencia de Irán. Incluso se habló de que Irán comprara armas. En la denuncia, se señala que "la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman".
El fiscal sostuvo que se buscó un acuerdo comercial antes de la firma del memorándum con Irán, supeditado a que se levantaran los pedidos de captura internacional contra el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el ex jefe de la fuerza Al Quds y ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari.
"El plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Timerman viajó a la ciudad siria de Aleppo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos Estados."
El acuerdo se plasmó en el memorándum, pero se interrumpió ante la negativa de dar de baja las circulares rojas. Decayó entonces el interés de Irán en el pacto.
La Nación