Todo comenzó en diciembre del año pasado, cuando Venerando dispuso un sumario administrativo ante la presunción de que había anomalías con las movilidades oficiales afectadas a los trámites del ministerio. Los resultados que se obtuvieron son la base de lo que esta semana se convirtió en la denuncia que ya está en poder de la fiscal Claudia Salica y que recaerá en el juzgado de Instrucción N° 5, a cargo de Benedicto Correa.
Cada chofer tiene una tarjeta otorgada por Salud Pública para cargar combustible y una clave que es personal e intransferible. El sistema permite hacer un pormenorizado seguimiento y control (trazabilidad) del uso de la nafta y fue clave para desnudar las irregularidades.
Las fuentes confiaron que en la investigación se detectaron, por ejemplo, que con pocos minutos de diferencia se hicieron varias cargas de decenas de litros cada una con la misma clave y distintas tarjetas y que se realizó otra con la clave de un chofer que en ese momento estaba de vacaciones. También encontraron cargas los días sábados en la madrugada, cuando no había ninguna misión oficial autorizada ni justificación para que los vehículos estuvieran en circulación.
La sospecha más firme que tienen en Salud y Fiscalía de Estado es que los empleados denunciados no iban siempre con las movilidades oficiales a la estación de servicio, sino que en algunas oportunidades aprovechaban para hacerlo con sus propios autos y llenarles el tanque con la tarjeta que tenían del Estado. Y no descartan que haya existido complicidad de playeros, porque llamativamente nadie se daba cuenta de que las patentes no se correspondían con las autorizadas por el sistema oficial.
Hay otra hipótesis bajo la lupa, explicaron las fuentes. Que los choferes y playeros hayan simulado operaciones de compra y venta y después, con algún ardid, se quedaran con el dinero.
A todo eso se suman otras anomalías. Según las fuentes, hay choferes que no guardaban en el galpón oficial el vehículo que manejaban, se lo llevaban a su casa y lo usaban todo el fin de semana con su familia. Entre semana, agregaron, muchas veces llevaban a sus hijos a la escuela y a sus parejas al centro o al trabajo, lo que también implica una maniobra en detrimento de las cuentas del Estado porque son bienes reservados para cuestiones oficiales utilizados en beneficio propio.
Se hace difícil saber cuál sería el monto del perjuicio contra las arcas de la provincia. Por eso, no se descarta que hasta sea por una cifra varias veces millonaria.
Mientras la Justicia inicia su investigación, en la parte administrativa se tomaron medidas. En el lote de denunciados hay tres contratados que fueron echados (dos choferes y la empleada). Los demás son de planta permanente y este viernes los notificaron de que están suspendidos en sus cargos.
El único que, por ahora, sigue trabajando es el jefe de movilidades, Sergio Montaño. El motivo: es delegado gremial y tiene protección sindical. Fue trasladado a otro lugar y se quedó sin el control de los vehículos.
La denuncia penal es por los delitos de defraudación contra la administración pública y falsificación de documentación pública, ya que supuestamente los trabajadores adulteraron actas oficiales donde consta cuánto y cuándo cargaron y a qué vehículos. Los que son efectivos y fueron apartados de sus funciones corren el riesgo ahora de una consecuencia más dura: ante una condena de la Justicia, serían exonerados del Estado provincial.
Este diario intentó hablar con la ministra Venerando y sus colaboradores más cercanos, pero no hubo caso. En el tercer piso del Centro Cívico guardan absoluto hermetismo sobre el tema.
