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Sobrefacturación de cristales: Se recetaban lentes básicos pero se facturaban como productos de alta graduación, llegando a cobrar $27.204 por módulos que en realidad valen $4.941.
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Servicios "fantasma": Facturación de estudios complejos, como topografías o fondos de ojo, que carecen de respaldo en la historia clínica del paciente. En algunos centros, la mitad de las órdenes eran ficticias.
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Consultas infladas: Maniobras para registrar simples seguimientos como "primeras consultas", con el fin de percibir aranceles más elevados.
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Conflictos de interés: Médicos que derivaban masivamente a los jubilados hacia ópticas pertenecientes a sus propios familiares directos.
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Cobros indebidos al afiliado: Se exigía a los jubilados pagos extras (en algunos casos de hasta USD 1.500) por supuestas mejoras en la calidad, mientras el prestador cobraba simultáneamente el reintegro del PAMI.
Saneamiento institucional y ahorro fiscal
La actual administración vinculó estos hallazgos con un proceso de reordenamiento financiero profundo. Al asumir, la gestión detectó un déficit que escaló de los $6.000 millones en marzo a los $92.000 millones en noviembre de 2024.
Para contrarrestar esta situación, el organismo implementó un drástico recorte en la estructura política, eliminando el 75% de las secretarías y un tercio de las gerencias. Además, se centralizaron las compras de insumos críticos, lo que proyecta un ahorro anual de $5.000 millones solo en el rubro de higiénicos descartables.
Actualmente existen al menos seis causas judiciales activas impulsadas por la unidad fiscal especializada (UFI-PAMI). Uno de los expedientes más avanzados se tramita en Rafaela, Santa Fe, donde se solicitó el juicio oral para un médico y una farmacéutica tras rastrear emisiones de recetas apócrifas desde una misma dirección IP.
