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El Concejo aprobó acciones para la inserción laboral y educativa de víctimas por violencia familiar

Los legisladores locales aprobaron un Proyecto de Resolución para que el Municipio lleve adelante medidas que permitan un proceso de empoderamiento a través de instancias de formación en los ámbitos educativos y laborales. La propuesta se enmarca dentro del “Programa Municipal de Atención a la Problemática de la Violencia Familiar.

El Municipio procederá a desarrollar acciones tendientes a la restitución total de los derechos de las víctimas de violencia familiar orientadas a “fomentar y fortalecer procesos de empoderamiento, particularmente a través de la generación de instancias de formación e inserción en los ámbitos educativos y laborales”. Así lo determinaron los Concejales durante la Sesión del jueves, luego de aprobar una propuesta elaborada por el presidente del Cuerpo Leonardo Simoniello y la concejala Fanny Jara (FPCyS-UCR) y que se enmarca bajo el “Programa Municipal de Atención a la Problemática de la Violencia Familiar” -establecido por Ordenanza N° 10.219.

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De este modo, el Departamento Ejecutivo deberá abordar al tema en forma interdisciplinaria a través de las reparticiones con competencia en materia de Salud, Educación, Desarrollo Social y Producción. Además, podrá celebrar convenios con entidades educativas, de la economía social, organizaciones no gubernamentales, comercios, empresas o industrias, que coadyuven al logro de los objetivos establecidos.

Al respecto, Simoniello señaló que “debe tenerse en cuenta que la restitución de los derechos de las víctimas, su reinserción social, es una deuda que los diferentes estamentos gubernamentales tienen para con este sector poblacional; razón por la cual vale la pena intentar este esfuerzo mancomunado en pos de saldar la misma".

Desde el Estado Municipal

El Presidente del Concejo aclaró que “no se trata de la creación de nuevos espacios de atención a víctimas porque podría generar una re-victimización de las mismas, más bien se trata de contemplar los recursos con los que se cuenta desde el ámbito administrativo para poder coordinarlo en pos de fortalecer el tan difícil proceso de empoderamiento que debe darse en estos casos”. Y acentuó: “Esta resolución se enmarca en la concepción de que la violencia familiar escapa del ámbito privado para ser público y, por tanto, resulta pertinente que, desde el Estado Municipal, se intente brindar respuestas y oportunidades acordes a la resolución de dicha problemática”, sostuvo Simoniello.

En el Recinto, la concejala Vanesa Oddi (FPCyS-PS) también se refirió al tema: “Las innumerables iniciativas y el compromiso que ha demostrado este Concejo con la lucha contra la violencia familiar y la defensa de los derechos de las mujeres y los niños que padecen este flagelo hablan por sí mismas. Celebro esta iniciativa porque considero que ante esta problemática hay dos dimensiones que deben abordarse, y este proyecto avanza sobre una de ellas. La primera tiene que ver con la atención inmediata que deben recibir las mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. La otra tiene que ver con trabajar fuertemente con el proceso de recuperación de la autoestima de las mujeres víctimas de este terrible delito, y a eso justamente apunta esta iniciativa”.

Restitución de los derechos

El Proyecto se elaboró en consonancia con la Ordenanza N° 10.219 que busca prevenir, concientizar y sensibilizar en materia de Violencia Familiar, así como también brindar una respuesta ágil y profesional al problema. La iniciativa tiende a la restitución de los derechos de las víctimas en un esfuerzo coordinado entre diversos agentes gubernamentales y ONGs tal como lo prevé el artículo 3 inciso g. A su vez, se apoya en toda la normativa provincial, nacional e internacional que promueve frente a estos casos la creación de un sistema de protección restitutorio, dado que la víctima hasta el momento de la denuncia ha estado posicionada en un lugar de “no-poder” del cual debe correrse para poder afrontar esta problemática. De allí la importancia de contar con un mecanismo de articulación gubernamental a los fines de brindar herramientas a las víctimas para la restitución de sus derechos.

Por último, se agrega que actualmente se contemplan como medidas de reinserción social aquellas tendientes a la asistencia legal en materia de denuncia -y judicialización de los casos- y a cierta asistencia médico/psicológica en las primeras etapas de la misma. Luego de judicializarse el caso, la asistencia tiende a mermar y mayormente estas personas no cuentan con la contención adecuada para sostener su posición en el tiempo. “Si se contempla que mayormente las víctimas de estos delitos suelen ser aquellas personas más vulnerables se visualiza con mayor claridad la necesidad de aunar esfuerzos en buscar de fortalecer a los mismos brindándoles prioridad en la proporción de herramientas que posibiliten y fomenten su desarrollo por fuera del circuito de la violencia”, finalizó Simoniello.