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En la primera de las dos, De Vido está acusado de haber participado en una "maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal".
A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente USD 6.995 millones, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó Bonadio.
En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por $1.000 millones a Baratta y De Vido, sobre quien pidió el desafuero a la Cámara de Diputados, y también procesó al ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex ministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor y cobró supuestas comisiones indebidas.
Por otro lado, en la investigación en torno a los desmanejos de la mina de Río Turbio, el ex Ministro está acusado por la malversación de fondos públicos para distintas obras en esa localidad de Santa Cruz de unos $26.000 millones entre los años 2006 y 2016; además, se calcula que hubo un desvío de $265 millones hacia otros fines de los previstos.
Fuente: Infobae