Enmarcado en un indisimulable clima de tensión interna, el Gobierno provincial admitió no tener definidos aún los nombres para reemplazar a los renunciantes ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y jefe de Policía, comisario Ramón Frías, quienes presentaron ayer sus dimisiones “indeclinables”.
Se trató de una nueva derivación política de la causa de los narcopolicías, que en toda la semana puso a la defensiva la gestión de José Manuel de la Sota, y que ya registra la detención de cinco policías, incluido el extitular de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa.
Ayer, el panorama se continuó agravando, a partir de tres nuevas imputaciones que dispuso el fiscal federal Enrique Senestrari. Una de ellas recayó sobre Mario Nieto, jefe de Lucha contra el Narcotráfico en 2010, durante la gestión provincial de Juan Schiaretti, y que también es acusado –al igual que Sosa– de supuestas irregularidades durante procedimientos antinarcóticos.
Las otras dos personas imputadas por Senestrari ayer serían policías del área de Robos y Hurtos, vinculados al secuestro de uno de los dueños del boliche Palmira, del Cerro de las Rosas, en el que el principal implicado es justamente Rafael Sosa.
Frente a la crisis, fue el propio gobernador De la Sota quien anunció un golpe de timón para replantear el área de Lucha contra el Narcotráfico.
En declaraciones a Cadena 3, también hizo un reproche político. “Parece que el flagelo de la droga tiene colores políticos en la Argentina, y sólo aparece en provincias como Santa Fe o Córdoba. Fui solidario con (Antonio) Bonfatti cuando ocurrió esto en Santa Fe. Allí hubo un jefe de Policía involucrado, acá hay un departamento, y los sospechados se han puesto a disposición de la Justicia inmediatamente. Lo importante es que esta situación no manche a toda la Policía”, opinó.
Luego, el jefe de Gabinete, Oscar González, señaló que, “seguramente”, en el transcurso de este fin de semana habrá novedades respecto de quiénes conducirán la Policía.
Por ahora, él mismo comandará Seguridad, mientras que el mencionado Frías seguirá en funciones hasta que consigan un reemplazante.
Cambios
De la Sota confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que apunta a “transparentar”, ante la sociedad, las designaciones en Lucha contra el Narcotráfico.
La iniciativa del Ejecutivo contempla que el nombre del futuro jefe del área sea sometido a control legislativo; además, todos los miembros de esa dependencia policial deberán hacer anualmente una declaración jurada de bienes.
Esta nueva apuesta del Gobierno desanda en buena medida la férrea defensa que sus principales referentes realizaron en los últimos días de la acción policial y, también, de los responsables de combatir el narcotráfico.
González se esforzó en remarcar que el problema está “encapsulado” solamente en el área de Drogas Peligrosas y que “de ninguna manera” roza al resto de la institución policial.
Y con ese mismo concepto analizó las razones de las renuncias de Frías y Paredes. “Lo hicieron por iniciativa personal, porque interpretan que a este hecho puntual en Drogas Peligrosas algunos han querido utilizarlo políticamente y extender las sospechas sobre toda la institución”, señaló.
También fue muy notorio cómo el oficialismo bajó de su discurso el enérgico tono de reproche que lanzó durante la semana hacia la Justicia Federal.
Vale recordar que tras las detenciones de Sosa y de los otros cuatro uniformados, el titular de la bancada legislativa del PJ, Sergio Busso, acusó al fiscal Senestrari de actuar políticamente en sintonía con el kirchnerismo y de ser funcional a los narcotraficantes.
En ese momento, Busso no reparó en que las detenciones habían sido dispuestas, en realidad, por el juez Ricardo Bustos Fierro y no por Senestrari. Ayer, González se cuidó de dejar a Bustos Fierro fuera de cualquier reproche.
El escándalo que motivó las cinco detenciones y las dos renuncias mencionadas en el Gobierno comenzó con la declaración como “arrepentido” ante la Justicia Federal de Juan “el Francés” Viarnes, un exconvicto que actuaba como informante o “agente encubierto ilegal” en operativos antidrogas.
Viarnes detalló, a través del programa ADN de Canal 10, cómo las autoridades de Lucha contra el Narcotráfico fraguaban, supuestamente, operativos, reclamaban pagos y hasta vendían parte de la droga secuestrada.
Fuente: La Voz del Interior
