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Continúa el paro del transporte de larga distancia en todo el país

El Gobierno Nacional resolvió el 23% de aumento para los trabajadores y aseguró un mecanismo de asistencia económica y otras medidas para las empresas, pero éstas consideraron que la suba es inviable.

Desde el jueves, continúa el paro de los trabajadores del transporte de larga distancia en todo el país, a pesar de que los ministerios de Trabajo y del Interior y Transporte de la Nación determinaron un aumento del 23 por ciento a partir del primero de abril y hasta el 31 de diciembre en los salarios de los empleados de estos servicios con carácter remunerativo e instaron a que la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y los empresarios normalicen la prestación.

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En la resolución firmada por ambas carteras y con la participación del Ministerio de Economía se aseguró que “se generará un mecanismo de asistencia económica y otras medidas regulatorias para colaborar en generar los ajustes estructurales que se correspondan con la caída de la demanda que afecte el empleo”.

Sin embargo, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), a través de su vocero Gustavo Gaona, planteó que “la resolución del Gobierno no resuelve el conflicto de fondo” y que “el sector no puede afrontar los costos”.

La propuesta salarial que incluyó la Nación en su resolución de ayer establece que por enero, febrero y marzo se aplicará un incremento salarial del 18 por ciento con carácter de no remunerativo que se abonará en dos cuotas iguales, pagaderas con los salarios de mayo y julio. Se agregó, además, que a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre los salarios de los trabajadores se incrementarán en un 23 por ciento con carácter remunerativo.

Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sostuvo que desde su cartera no se van a dejar extorsionar por los subsidios y que si no se levanta el paro va a haber sanciones contra las empresas a las que se va a acusar de llevar adelante un “lockout patronal”. “No va a haber subsidios para las empresas de larga distancia. Es una política de Gobierno”, ratificó.

Empresarios y gremialistas

A pesar de la intimación a las empresas representadas por las Cámaras a poner a disposición las instalaciones y vehículos para el restablecimiento de los servicios, bajo apercibimiento de aplicarles la máxima sanción prevista por la no prestación de los mencionados servicios, las mismas negaron que la medida se trate de un lockout patronal e insistieron en que no están en condiciones de afrontar los costos.

A nivel gremial, la respuesta fue unánime en todo el país y en tal sentido se manifestó, en diálogo con Diario UNO, Miguel Arce, a cargo de prensa y difusión de la UTA en Santa Fe: “Si no hay garantías de que las empresas cumplirán con el aumento, continuará la medida de fuerza”.

Ante el paro, la Cámara Empresaria de Larga Distancia advirtió que de continuar a lo largo de la presente jornada inclusive, sumado a los días previos, los pasajeros afectados podrían ascender a 300 mil.

Los pasos previos

En la resolución 502/13 de la Secretaría de Trabajo y la 264/13 de la Secretaría de Transporte se recordó que “el 31 de diciembre de 2012 venció el acuerdo salarial de la actividad del transporte de pasajeros de larga distancia entre la UTA y las cámaras empresaria Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta), Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) y la Cámara Empresaria de Autotransporte (Ceap)”, y se iniciaron negociaciones sin llegar a un acuerdo que derivaron en un paro de actividades para el 2 de mayo.

Asimismo se indicó que el Ministerio de Trabajo realizó una propuesta conciliatoria en una audiencia llevada a cabo ese mismo día que no fue aceptada por el sector empresario.

Ante estas circunstancias, las autoridades de las carteras de Trabajo, y de Seguridad Social y Transporte “deben intervenir en forma inmediata para solucionar un conflicto de extrema gravedad por las características ya enunciadas de la actividad” y, en ese sentido, se caracterizó que la resolución “tiene el fin de resolver el conflicto que afecta a los usuarios, generando graves perjuicios y alterando la paz social”.