“Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo”, comienza el texto. Luego agrega: “Desde entonces no hemos pedido privilegios, no hemos reclamado excepciones ni pretendido interferir en el funcionamiento de las instituciones de la República. Hemos hecho una sola cosa: exigir, día tras día, que el Estado argentino investigue hasta las últimas consecuencias qué ocurrió con Loan“.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las denuncias presentadas por Gustavo Vera, titular de La Alameda, ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Pozzer Penzo. “De inmediato y casualmente, comenzaron a activarse y tomar impulso las denuncias en su contra”, sostuvieron los Peña-Noguera. La magistrada deberá presentarse el 26 de agosto ante ese organismo y ya rechazó las acusaciones, al señalar que surgieron de un reclamo gremial por supuestos malos tratos al personal.
La familia aseguró que desde el inicio del caso hubo intentos de entorpecer la investigación. “Primero fueron las víctimas. Luego los familiares. Después los testigos. Más tarde quienes colaboraban con la investigación. Posteriormente comenzaron los cuestionamientos dirigidos hacia auxiliares, investigadores y funcionarios judiciales”, afirmaron.
También cuestionaron el pedido de archivo de una investigación vinculada a Vera impulsado por fiscales federales. “Estamos absortos, indignados, asombrados, de ver como nuestra verdad por Loan se coarta, se limita y en este caso, se pretende dejar sin efecto a la vista de todos los correntinos una investigación que nunca se pudo hacer”. Y remarcaron: “Loan no está, Loan sigue secuestrado. Consideramos que ni ésta ni ninguna línea de investigación puede ser descartada prematuramente.”
Además, mencionaron que la abogada Elizabeth Cutaia, juzgada por presunto encubrimiento, también representa al narcotraficante venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. No obstante, aclararon que no cuestionan el ejercicio de la defensa técnica, aunque señalaron que “la coincidencia objetiva de actores, vínculos profesionales y ámbitos procesales constituye un dato verificable cuya valoración corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes”.
La familia también destacó la actuación del tribunal oral y sostuvo que la investigación paralela que continúa en el Juzgado Federal de Goya sigue activa. “La verdad no puede detenerse cuando la investigación comienza a acercarse a intereses relevantes”, afirmaron. Y concluyeron: “La verdad pertenece a la sociedad”.