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Amenazan a una familia que quiere justicia para su hijo

Juan Carlos Márquez y Ramona Contreras sufrieron, el miércoles pasado, un nuevo atentado en su casa de Colastiné. Acusan a un grupo de vecinos y aseguran que hay connivencia de la policía.

El calvario de la familia de Juan Carlos Márquez y Ramona Contreras comenzó hace más de 15 años. Pablo Emanuel Contreras, hijo de la pareja, fue asesinado el 28 de noviembre de 2002, cuando tenía 24 años. Pero, según Márquez, los problemas comenzaron mucho tiempo antes. El hombre, de 57 años, asegura que a su hijo la policía lo había detenido varias veces, pero que nunca se lo imputó en ningún delito. En su casa de Colastiné Norte, de calle Los Jazmines 4.525, comenzaron a recibir amenazas y agresiones desde el 3 de septiembre de 2002, meses antes de la muerte del joven. “Pero después de la muerte de Pablo se fueron agravando las cosas”, aseguró.

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—¿Cuál es el motivo de las agresiones?

—La policía. A Pablo le habían armado causas que ahora se investigaron y quedó al descubierto que eran todas mentiras. Incluso le habían hecho una causa por tenencia de arma de guerra, algo gravísimo. Pero el resultado dio que todo eso era mentira. A Pablo lo llevaron detenido unas 20 veces por diferentes causas. Nunca esas detenciones pasaron a un juzgado, ni siquiera los papeles que ellos inventaron de esas causas llegaron a un juzgado. Pablo nunca estuvo imputado en una causa. Los problemas siempre fueron con la policía.

“Lo que nosotros denunciamos fue que Pablo tenía un disparo en el oído izquierdo que le reventó el oído derecho y la bala se alojó en el hombro. También denunciamos, años atrás, que el arma que se utilizó en el asesinato de mi hijo era de la policía. A partir de ahí empiezan las persecuciones contra nosotros. En 2006 me inventan una causa por el robo de una puerta y me llevan detenido una semana. Cuando salgo porque no se comprobó nada, yo presento los recibos y el domicilio de los vendedores de mi puerta. No me dieron la puerta y todo quedó en la nada. En eso estaba la policía. Nadie me denunció”, dijo.

El problema del matrimonio está en la casa lindera a la suya. Según Márquez, desde fines de los 90 ese inmueble fue usurpado y en el lugar se fueron sucediendo diferentes grupos familiares. Todos con antecedentes penales. Incluso allí vivieron los supuestos autores materiales del homicidio de Pablo, algo que todavía tiene que determinar la Justicia. El asesinato de Contreras fue investigado, en un principio, por el entonces juez de instrucción José Manuel García Porta. Cuando el magistrado se jubiló, la causa cayó en manos del juez Nicolás Falkenberg y es recién allí, según la familia de la víctima, cuando se empiezan a ver verdaderos avances en la investigación.

Bajo amenaza constante

Según Márquez, el asedio que recibe su familia de parte de los ocupantes del inmueble vecino es constante y ya lleva mucho tiempo. “Una vez me quemaron herramientas, en otra ocasión le pegaron a mi hija cuando venía de estudiar de la Escuela Naval. El ante año pasado me pegaron una paliza que me mandaron al hospital. Yo tenía la cara redonda de los golpes que recibí. Incluso mi hija me salvó de que me cargaran en un auto y me llevaran al río. Eso fue al mediodía. Entraron a mi casa y rompieron todo”, describió.

“Me prometieron matarme. Pero yo no me voy a ir. No me interesa si cumplen o no la promesa. Yo respeto las instituciones, pero también quisiera que me respeten a mi familia y a la familia de los otros”, expresó Márquez quien dijo que actualmente su hija no está en Colastiné, a pesar de tener una guardia policial en la puerta de su casa. “No quiero que la chica sufra más las agresiones a mi casa, el patoterismo”, añadió.

El último episodio de violencia sucedió el miércoles pasado. “Nos destrozaron la casa, nos rompieron puertas, ventanas, tejas, nos cascotearon. Llamamos al 911 y vinieron pero no se llevaron a nadie preso. Había un grupo de 11 o 12 personas en la puerta y nadie fue detenido. Nos fuimos a la Fiscalía y no nos tomaron la denuncia y por eso nos fuimos al Ministerio de Seguridad y nos mandaron a Asuntos Internos. Hay una connivencia entre esta gente y la policía”, aseguró.

Luego agregó: “El miércoles por la noche se llegó a lo máximo y dijimos basta. Nos tiraron hasta adoquines arriba del techo. Nos rompieron la puerta con ladrillos, quisieron entrar a mi casa y no pudieron porque estaba puesto el candado, sino no sé qué pasaba. Mientras me gritaban a mí que dejara de andar en tribunales. Además me dijeron textualmente: «Viejo botón. Todas las herramientas que tenés son robadas». Cuando vino la policía yo se los dije y les mostré los recibos de las herramientas y el papel del beneficio que me otorgó Desarrollo Social de la Nación”.

“Se debe sacar a esta gente de ahí para evitar otra muerte”, suplicó Márquez y añadió: “Tiene que haber una intervención del Estado. Esa casa está usurpada y sólo nos divide un cerco. Necesitamos que se intervenga ese lugar para evitar que se llegue a una desgracia o a un desenlace fatal”.

“A partir de lo que sucedió el miércoles por la noche yo se lo dije a la jueza, al juez y a quien me quiera escuchar que la próxima vez me tengo que defender. Nunca usé un arma, yo soy jardinero no delincuente. Pero voy a tener que comprar un arma y hacer lo que uno hace cuando está cansado. Yo no quiero incitar a la violencia, pero hace muchos años que venimos denunciando y no pasa nada. Están tratando de sacarme de mi casa por todos los medios, y yo no me voy a ir”, aseveró.

El dolor por Pablo

La familia que aún espera que finalice el proceso judicial para conocer quién o quiénes participaron en el asesinato de su hijo tuvo que sufrir otro hecho aberrante. Como para la familia el arma que mató a Pablo era de la policía, el juez Falkenberg ordenó la exhumación del cadáver para iniciar nuevos peritajes. Pero cuando llegaron a la tumba se encontraron un escenario diferente al imaginado. Ya no había cajón y los familiares sospecharon que los restos no eran los de Pablo. Se ordenaron pruebas de ADN y dieron negativas. Por ese motivo ahora se realizarían pruebas más exhaustivas en Buenos Aires o Estados Unidos. “El 14 de julio de 2011 fuimos al cementerio con el juez y con la fiscal de la causa, se exhumó el cadáver y se lo llevó a la morgue judicial. De los restos que habían levantado nosotros dudábamos del cráneo, donde Pablo había recibido el balazo. Incluso nosotros lo habíamos enterrado en un cajón y encontramos un nylon, estaba todo desparramado. Se comprobó que se había profanado la tumba”, dijo Márquez.

“El 24 de diciembre a dónde llevamos una flor, al cementerio no, porque ahí no está mi hijo. El 1 de mayo, cuando sería su cumpleaños ¿a dónde le llevamos una flor o a dónde le vamos a rezar? Nos tenemos que conformar con la foto porque ni siquiera sabemos qué hicieron con los restos de él”, dijo Márquez y finalizó: “Si se confirma en Buenos Aires o en Estados Unidos que los restos no son de mi hijo, qué hacemos. Voy a morir sin saber adónde está mi hijo. Por eso vamos a respetar a la Justicia, pero voy a fijarme bien quién la va a aplicar. Esperamos de la Justicia una buena respuesta”.