San Juan
Viernes 21 de Enero de 2011

Tras 9 años sigue sin aplicarse la ley del cobro por débito automático de las cuotas de las casas del IPV

La norma fue sancionada en el 2002 pero el IPV nunca la reglamentó. La idea era que los empleados estatales estuvieran obligados a adherir al descuento automático como una forma de ayudar a que mejore la recaudación del organismo de viviendas.

El 22 de marzo próximo se cumplirán 11 años desde la sanción de la ley 7249 que establecía que todos los empleados del Estado y de empresas privadas debían adherir al débito automático de las cuotas de las viviendas construidas con fondos del IPV. Este mismo debió reglamentar la norma para poder aplicarla, pero según su interventor esto no se hará en un futuro cercano.

La ley 7249 fue sancionada con el carácter de Ley de Necesidad y Urgencia en el año 2002 en plena crisis de la gobernación de Alfredo Avelín quien necesitaba asegurarse ingresos por todos los medios.

El artículo 1 de la norma en cuestión estableció que todos los adjudicatarios de una vivienda del IPV debían adherir al débito automático de las cuotas de sus casas. Esta obligatoriedad incluía a los empleados de organismos estatales en todos sus niveles (municipal, provincial y nacional) y además sumaba a los empleados de empresas privadas. Todos los que pagaran por débito iban a acceder a descuentos que debía fijar el IPV en el monto de su cuota.

Además de crear el débito se estableció que, una vez que se hayan descontado los importes de cuota alimentaria, el descuento de la cuota del IPV debía tener prioridad en el sueldo de los trabajadores.

El gobierno de Avelín terminó y con el comienzo del giojismo tampoco se puso en vigencia esta norma. En el 2009, después de la reactivación de la construcción de casas por operatoria oficial y del sorteo de 2.271 viviendas, el gobierno volvió a hablar de reglamentar esta norma para poder ponerla en práctica.

Después de este nuevo intento volvió a pasar el tiempo y finalmente todo volvió a quedar en la nada.

Desde el IPV, su interventor Vicente Marrelli, explicó que la ley “no se puede aplicar porque no está reglamentada” (es su organismo el que debe reglamentarla) y aseguró que en algunos aspectos es inaplicable.

Por ejemplo, según el funcionario no se puede hacer descuentos a los sueldos de los empleados de empresas privadas porque se debería tener un convenio con cada una. En tanto que en el caso de los estatales “muchos” han adherido al sistema de descuento por planilla de manera voluntaria.
Mientras tanto, el IPV registra un nivel de pago de cuotas que ronda el 65% y viene haciendo juicios a los deudores crónicos. Cada uno de estos procesos puede demorar años y pude terminar con que el deudor haga un plan de pago o que, en algunos casos, pierda definitivamente la vivienda.


 

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