Un día, en el año 2013, cuando ella tenía alrededor de 20 años, llegó un hermano mayor a la casa y observó que su padre le estaba cosiendo una herida que tenía en la cabeza. La sacó y la llevó a la Policía para que denunciara la agresión y un médico forense la revisó. Ella no quería denunciar al padre, y por el estado de crisis psicológica aguda en que se encontraba la internaron en el Hospital Escuela de Salud Mental. Cuando estuvo en condiciones de salir, el hermano la llevó a su casa y luego a Tribunales: en la Fiscalía contó el calvario que padeció y el padre quedó detenido de inmediato. En el salón de audiencias, mientras la víctima relataba esta historia conmovida y conmoviendo a todos quienes la escuchaban, el padre la miraba con una frialdad aterradora. Las pruebas y testimonios fueron contundentes y lograron probar de manera suficiente el delito. Pero también se escucharon historias de los abusos sexuales que habrían sufrido los hermanos de la víctima cuando eran niños y mientras ella había sido adoptada. El testimonio de la madre de la joven y esposa del acusado fue increíble: dijo que la chica no era su hija, sino “una impostora”. Que una vez llamó al padre adoptivo para saber cómo estaba y le dijo que “había sido asesinada por unos delincuentes”. Y concluyó que esta causa fue iniciada por uno de los hijos que “quiere matar al padre para cobrar el seguro”. En los alegatos, la fiscal Carolina Castagno analizó las pruebas y por la gravedad de los hechos estremecedores y repetidos en el tiempo, pidió la pena de 20 años de prisión para el sujeto.El defensor oficial Luis Pedemonte planteó la nulidad de la causa porque consideró que se afectó el debido proceso en la instrucción y el juzgamiento de los delitos imputados. Además, sostuvo que el agravante del vínculo entre víctima y victimario no se debía aplicar, debido a que con la adopción el mismo había finalizado. En la sentencia adelantada ayer por el Tribunal integrado por Miguel Giorgio, Elbio Garzón y José María Chémez, condenó al hombre tal como lo había solicitado la fiscal. El delito de abuso sexual con acceso carnal tiene penas de los seis a 15 años de prisión, y hasta 20 cuando el mismo es agravado, como en este caso, por el vínculo entre padre e hija. Y fue la máxima pena la que consideraron los jueces imponerle al sujeto, que se encuentra desde hace tres años en cárcel. Además, ahora se inicia otra investigación que tendrá como imputada a la esposa del condenado. La mujer quedó muy comprometida con el testimonio de su hija sobre su participación en perversiones inimaginables para cualquiera. A su vez, se ordenó profundizar la investigación para saber si los otros hijos de la pareja fueron también víctimas de violaciones.