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Un coto de caza ilegal funciona en las tierras de un conocido cura

El predio está en San Rafael, a 13 kilómetros de la reserva Ñacuñán, precisamente en los terrenos del sacerdote Fernando Yáñez. El director de Recursos niega que exista

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El cura Yañez
El cura Yañez
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Javier Cusimano

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En la localidad de Monte Comán, en San Rafael, a 13 kilómetros de la reserva provincial de Ñacuñán (Santa Rosa), funciona un coto de caza no habilitado. Se extiende en una superficie de 630 hectáreas sobre los campos del conocido sacerdote Fernando Miguel Yáñez, quien recibe un porcentaje del negocio y es administrado por Ricardo Alejandro Sánchez, un cura retirado. Este emprendimiento pertenece a una sociedad comercial con sede en Buenos Aires.

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Ofrece paquetes de cacería con todos los servicios incluidos para cazadores locales, del país y para extranjeros. La explotación que realiza la firma inscripta como Del Monte Bravo SRL comenzó a funcionar en el 2009. Posee una oficina en San Rafael llamada NAUKA. Además, promociona sus servicios por internet y exhibe las hazañas de sus cazadores a través de las redes sociales. En Facebook muestra imágenes de cazadores junto a jabalíes, ciervos y liebres acribillados.

A raíz de la repercusión que tuvo una nota publicada en Diario UNO el martes pasado, sobre la presunta ilegalidad del coto de caza  de la empresa Cóndor del Plata SA, ubicado en La Carrera, Tupungato, surgió la información sobre este otro emprendimiento. Sin embargo, no se trata de ninguna novedad para la gente de la zona ni para las autoridades de Fauna provinciales, que tienen conocimiento de su existencia desde hace años.

Versiones cruzadas

El delegado de Recursos Naturales, César Quiroga, reconoció en 2013 a un medio local que el coto denominado Del Monte Bravo  existe y está autorizado para cazar porque cuenta con  los permisos y la reglamentación del Departamento de Fauna. El funcionario además especificó que se trata de un espacio dedicado a la caza de jabalí, donde se realizan excursiones de caza con gente de otros puntos del país, es decir, ratificó que se ejerce una actividad económica y que es inspeccionada.

El sacerdote Yáñez, en diálogo con UNO, tampoco negó que se realicen cacerías sobre sus campos. “En un primer momento propusimos con un socio, un coto de caza para ciervos pero no quedó habilitado, por eso ahora sólo se cazan chanchos y jabalíes que hacen un desastre. Además todo lo que se saca de este campo va a parar al Hogar San Luis Gonzaga, ya que el Gobierno no me está pagando y me debe $280 mil. Con este campo estamos manteniendo a 5 chicos y 24 ancianos”, afirmó el cura.

Sin embargo, el director de Recursos Naturales de la provincia, Daniel Gómez, rechazó el contenido de las declaraciones de su delegado y las del sacerdote dueño de las tierras. También la documentación que hay en su repartición. “No funciona un coto de caza en Monte Comán, porque nosotros no lo hemos habilitado. Se trata de un campo privado donde el propietario permite a la gente que lo visita matar a los animales que tiene en su perímetro”, explicó.

Para revalidar esto, Gómez argumentó que “en Mendoza la ley permite la actividad de caza y por lo tanto si alguien tiene un campo privado con animales, puede matarlos si no son especies protegidas o autóctonas. En esos terrenos se matan jabalíes, que son una plaga, y que les hace muy bien a los campos que se extingan porque generan muchos inconvenientes. La gente que va a cazar a ese sitio  si tiene autorización del dueño no infringe la ley”.

Documentos en contra

El argumento que expone Gómez  no condice con la actuación que el apoderado del coto le hizo llegar el 19 de diciembre de 2011, ni con el acta de inspección que se realizó el 26 de diciembre de 2012. Tampoco con el informe técnico Nº40/2012 que se presentó al Ministerio de Ambiente, ni con el expediente que el ingeniero Gonzalo Dávila le envió al subdirector de Asesoría Legal del Gobierno, Rubén Eduardo Sánchez, el 16 de octubre de 2012, sólo por nombrar algunos de los documentos que atestiguan lo contrario.

Asimismo desde este medio se consultó a cazadores locales, que pidieron reserva de su identidad, que aseguraron haber visitado sus instalaciones. Describieron que el coto cuenta con una vivienda que puede alquilarse y que se realizan excursiones. Toda esta situación además es conocida por los funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales, que en diciembre de 2011 recibieron la documentación de la empresa y en octubre y diciembre de 2012 inspeccionaron las instalaciones tal como figura en varios expedientes.

Desde la ONG Oikos, su titular, Eduardo Sosa, afirmó que “el funcionario dice que no hay un coto pero el delegado de la DRNR lo reconoce y también los cazadores. La resolución de la DRNR 558/03 dice que un coto es una superficie de terreno privado susceptible de practicarse la caza, en la cual una persona física o jurídica organiza actividades de caza, ergo, esto es un coto de caza, el director no puede desconocerlo. De hecho, al examinar su sitio en Facebook es evidente de que no se juntan entre amigos y que hay lucro de por medio”.

Un religioso en el medio

El padre Yáñez el 8 de setiembre de 2009 firmó un contrato por 18 años de aparcería con el apoderado de la sociedad comercial Del Monte Bravo. El contrato estipula un pago en crías de ciervos colorados, producto de la reproducción de estos animales. En una de sus cláusulas, la empresa está obligada a darle el 20% de los nacimientos de los ciervos vivos. También se compromete a darle un porcentaje cercano al 20% de la ganancia neta de cada cacería.

Para Yáñez, “este contrato existió pero como la cría de ciervos no tuvo efecto quedó disuelto”. Sin embargo, no niega que en sus campos siga practicándose la caza y precisó que “me conviene que siga circulando gente y que se vea movimiento, además exterminan a los jabalíes”.

Consultado sobre si un cura puede tener actividad comercial, teniendo en cuenta que el Estado los subsidia, el abogado Carlos Lombardi dijo que el Código Canónico lo prohíbe.

Dice la normativa que “no han de aceptar la administración de bienes pertenecientes a laicos u oficios seculares que lleven la obligación de rendir cuentas; se les prohíbe salir fiadores y han de abstenerse de firmar documentos en los que se asuma la obligación de pagar una cantidad de dinero sin concretar la causa. Se prohíbe ejercer la negociación o el comercio sin licencia de la autoridad eclesiástica, tanto personalmente como por medio de otros, sea en provecho propio o de terceros”.

Teniendo en cuenta que sobre Yáñez pesan varios procesos judiciales en su contra (uno de ellos  por el presunto abuso a un menor), se le consultó al presbítero Antonio Álvarez Domínguez, del Obispado de San Rafael, en qué estado se encuentra este sacerdote para la Iglesia y confirmó que el cura cuestionado está suspendido. Esto significa que se le ha quitado el permiso para celebrar la misa. Pero esta situación que pesa sobre Yáñez no lo deja exento de cumplir con el Código Canónico.