País
Lunes 30 de Mayo de 2016

Lázaro Báez pidió a la Justicia que cite a los funcionarios que "no lo controlaron"

El empresario patagónico pidió al juez Casanello que cite a declarar a los funcionarios involucrados en las licitaciones. Dijo que no hay sobreprecios comprobados en la obra pública y afirmó que, por lo tanto, no hay "delito precedente" para el lavado de dinero.

Ahora es Lázaro Báez quien volvió a ponerse al frente de su defensa. Infobae accedió al escrito que se le envió esta mañana a la juez federal Sebastián Casanello en el que se solicite que "sincere el objeto procesal de la causa". Báez presentó un documento de 36 hojas, acompañado por las firmas de los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari. Afirma que no se puede probar el lavado de dinero y vuelve a apuntar contra funcionarios de la gestión kirchnerista al plantear que, si hubo delito como considera el juez, no controlaron las obras. Al mismo tiempo de afirmar que lo quieren mantener preso a "como dé lugar".
Báez afirma que el juez no tiene pruebas para establecer el "delito precedente" al lavado de dinero, al mismo tiempo que defiende cada una de las obras realizadas en el marco de licitaciones de obra pública. Afirma no tener relación alguna con Juan Suris, detenido por causas de facturación apócrifa y al cual se lo menciona como la "usina" a la que Austral Construcciones habría acudido y pide, nuevamente que, en caso de haber cometido un delito, se actúe de la misma manera contra los "responsables del Poder Ejecutivo, funcionarios de las carteras más importantes, distintos actores del Congreso y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos sobre quienes reposaba el deber de control".
Los principales puntos del escrito
1- "En las actuaciones se ha dado por sentada en forma dogmática la existencia de un ilícito precedente, cuando existen sobrados elementos probatorios que demuestran que ello es sólo un ejercicio de retórica sin base en la realidad".
 2- Las pruebas de la causa impiden considerar como existente el supuesto hecho ilícito precedente. Los datos, pruebas, documentos y demás papeles que se encuentran incorporados al expediente son evadidos por V.S. omitiendo todo tratamiento.
 3- Ello encontraría -siempre según las erróneas afirmaciones de los funcionarios que llevan adelante la pesquisa- un supuesto origen en la obtención de contratos de obra pública a través de distintas licitaciones públicas y al presumido –pero nunca probado- sobreprecio de las mismas.
 4- Me refiero a la repetida afirmación de los funcionarios intervinientes en la pesquisa de que la participación del Grupo Austral en distintas obras públicas, adjudicadas mediante el sistema de licitación pública (y nunca por contratación directa) sería sinónimo de corrupción, de dádivas, o de cohecho.
 5- Tanto el fiscal como el juez intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades –sin probar nada- que ACSA (Austral Construcciones) habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios. A partir de allí han invocado –también sin probar nada- que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos. Son ya incontables las oportunidades en las cuales se los escuchó en esos términos por distintos medios, sembrando en la sociedad la duda en torno a la licitud de los negocios celebrados por las empresas del Grupo Austral.
 6- Ambos actores del proceso han hecho un esfuerzo denodado por generar la sospecha de ilicitud de todo el patrimonio de la familia Báez. Han instalado en el imaginario popular (en busca de legitimar sus direccionadas incursiones punitivas) que la posición económica de la familia únicamente se explicaría a partir de distintas maniobras ilícitas sin procurar su acreditación en el expediente.
Fuente: Infobae

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