Policiales
Domingo 08 de Noviembre de 2015

Las actas del RIM 22 que complican al padre de la Reina de la Vendimia preso en la provincia

En esta nota, la historia completa contada de boca de la jueza de Ejecución Penal Margarita Camus, sobre la detención de Ricardo Claudio Bernardo Kaliciñski. 

Viajar para volver al pasado. Hacer 165 kilómetros, gastar 17 litros de nafta, dedicar poco más de dos horas, para regresar casi 40 años atrás. Ir desde Mendoza a San Juan, para entender; para saber por qué hace 20 días fue detenido Ricardo Claudio Bernardo Kaliciñski, el padre de Wanda, la Reina Nacional de la Vendimia 2012; para tratar de saber quién era y qué hacía este hombre que hoy tiene 60 años y que está preso en esa provincia acusado de ser parte del aparato represor de la dictadura de los ’70.
Para entender, es mejor recorrer la ciudad de San Juan con ojos del pasado. Margarita Camus era una estudiante de Sociología en esos años. Fue detenida en 1976 y estuvo privada de su libertad hasta diciembre del ’81. Puede contar. Es una sobreviviente.
Y puede contarlo dando certezas, porque no solo se apoya en su memoria, sino también porque conoce de cerca los avances, todavía incompletos, que ha hecho la Justicia sobre lo ocurrido en esos años oscuros y puede hacerlo con la objetividad que solo puede lograr una persona que entiende el sistema de justicia, porque ahora es jueza.
Margarita va al grano, como para que todo esté claro desde el comienzo. Dice que la detención de Kaliciñski está fundada en el juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en San Juan entre 2011 y 2013, en el que fueron condenados siete personas, dos de las cuales se fugaron 20 días después de la sentencia y aún continúan prófugas.
“Esto surgió a raíz de los numerosos testimonios de los sobrevivientes que en el juicio contaron cómo era la mecánica que se seguía. Yo misma lo declaré, en su momento. A mí me detuvieron y me llevaron al RIM 22. Allí se efectuó lo que llamaban un acta de instrucción militar y que puede compararse con el sumario prevencional que hacía la Policía.
El militar actuante escribió el acta y después, ya en el penal de Chimbas, me pusieron una capucha, me pusieron una pistola acá (se señala la sien) y me la hicieron firmar”. Margarita cuenta que todos los testigos relataron la misma mecánica, aunque aclara que eso fue en los casos en los que los detenidos iban a ser “blanqueados”.
“Fabricaban las causas. El actuante escribía lo que quería y en el juicio fue muy notorio que los detenidos firmaban esas actas sin poder ver, con los ojos cubiertos. En el juicio se exhibieron en pantalla gigante esas actas y las firmas estaban puestas en cualquier lado y los trazos también evidenciaban que el detenido tenía los ojos cubiertos”, dice Margarita Camus, la única jueza de Ejecución Penal.
La víctima, hoy magistrada, sostiene: “Yo no recuerdo, para ser veraz, que alguien lo haya nombrado a Kaliciñski como miembro del grupo de tareas que torturaba. Durante el juicio, no recuerdo a nadie que haya dado el nombre de esta persona. Pero su nombre surge de la prueba documental. En el juicio, la Fiscalía le pidió al Tribunal Oral que remitiera esas actas, esa prueba documental, al Juzgado Federal para que investigara quiénes confeccionaron esas actas. Allí está el nombre de Kaliciñski”. Camus dice que no sabe cuáles de los detenidos ilegalmente fueron interrogados por él. Esa función no la cumplió solo Ricardo Claudio Bernardo Kaliciñski, en ese tiempo subteniente del Ejército Argentino, sino que también la desarrollaron otros 10 camaradas de él y un comandante de Gendarmería, sobre los que también ya hay un proceso abierto.
El juez y la cárcel
Leopoldo Rago Gallo llega el viernes a media mañana al edificio de la Justicia Federal. Entra apurado a su despacho, del Juzgado de Instrucción 2. Viene a atender las causas que se tramitan allí, pero antes debió también resolver temas de la Justicia Electoral que está a su cargo.
“¡Imagínese cómo está en estos días, previos al balotaje!”, dice su secretaria, que dice que hay que esperar al menos media hora para entrevistarlo, pero después directamente dice: “Hoy será imposible. Quizás el lunes…”.
En su juzgado ya han confirmado que el 20 de octubre Kaliciñski viajó desde Mendoza a San Juan junto con su familia y se que presentó voluntariamente allí. Rago Gallo le informó sobre la imputación en su contra, por secuestro de personas y torturas, lo indagó y dispuso que quedara detenido. Fue alojado inmediatamente en el penal de Chimbas.
La cárcel está a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad. “La van a ver en seguida, es una cosa grande y horrible, al lado de la ruta”, dice una mujer que guía a la curiosidad periodística. Eso también es verdad.
Es un complejo penitenciario antiguo y descuidado. Con separaciones, allí están las cárceles de hombres y de mujeres. Allí está detenido Kaliciñski y antes, estuvo alojada la mayoría de los detenidos de la dictadura.
“¿Podemos ingresar?”, pregunta el periodista. “No, hoy no. Estamos haciendo operativos en varios pabellones”, responde una de las penitenciarias que está en el ingreso. La misma respuesta recibieron antes dos mujeres de unos 65 años que venían a visitar a algún familiar. Seguramente hoy surgirán de acá nuevas causas para la jueza de Ejecución Penal Margarita Camus. Acá, lo único que traspasa los muros es una asfixiante sensación de angustia.
La ex presa que ahora es jueza del penal
Margarita Camus era una estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan en 1976. Tenía 20 años.
“Curiosamente, uno podría suponer que la mayoría de los estudiantes detenidos eran de carreras humanísticas, pero acá no. Acá la mayoría fue de la Facultad de Ingeniería, donde también había un departamento de Arquitectura”, cuenta.
Pasó por RIM 22, después fue alojada en el penal de Chimbas y tiempo después, ya “blanqueada”, fue llevada al penal de máxima seguridad de Devoto, en la Capital Federal.
Dice: “Recién allí tomamos conciencia de lo que estaba pasando en todo el país. Acá, en San Juan, nadie hablaba de eso. Solo lo comentábamos los estudiantes de la universidad”.
Cuenta: “Primero me pusieron a disposición del PEN, después me armaron una causa federal y luego de cuatro años, me sobreseyeron en marzo de 1981. A pesar de eso, me dejaron en libertad vigilada hasta diciembre de ese año”, cuenta.
En Devoto, compartió el pabellón con mujeres de su edad, pero también “con adolescentes de 14 o 15 años y de mujeres de 45 años, que eran madres de jóvenes a los que la dictadura estaba buscando y las usaban para obtener datos o extorsionar a sus hijos, para que se entregaran”.
Cuando recuperó la libertad, cambio Sociología por Abogacía. La experiencia la había marcado profundamente.
A pesar de que estaba en condiciones participar en varios concursos para ingresar a la Justicia, los desechó hasta que surgió el que convocaba para ser juez de Ejecución Penal.
“El conocimiento directo de la cárcel me ha permitido tener otra visión. Me ha permitido saber cómo es el trato y lo que pasa adentro. Es un conocimiento distinto, más allá de los libros”. En el país no hay ningún otro juez de Ejecución que haya pasado por esa experiencia. (Fuente: Diario Uno). 

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