La iniciativa tiene como propósito trabajar por la derogación de las múltiples normas que criminalizan y/o penalizan el Trabajo Sexual, visibilizar la vulneración de derechos y la Violencia Institucional hacia las personas que ejercen esta actividad y promover un entorno social libre de prejuicio, estigma y discriminación hacia ellas. De igual forma se plantea apoyar políticas públicas dirigidas hacia aquellas personas que buscan alternativas laborales al Trabajo Sexual.FUERTSA está integrado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR CTA), ONUSIDA, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina Red Nacional (ATTTA), la Fulana (Espacio de lesbianas y mujeres bisexuales), la Mesa Nacional por la Igualdad, Fundación Huésped, entre otras organizaciones a nivel nacional y provincial.También hacen parte del Frente diputadas y legisladores/as como Silvia Horne, María Rachid (MC), Lorena Saponara (MC) de la provincia de Mendoza Y Rubén Ceballos (MC) de Catamarca; académicos/as de distintas ramas de la Ciencias Sociales vinculados al CONICET y a universidades como la UBA, UNL, UNCa; funcionarias de la Procuración General de la Nación; actrices como Malena Pichot, Señorita Bimbo Godoy y Natacha Jaitt, periodistas de distintos medios, músicos, escritores y activistas y defensores de Derechos de diferentes colectivos.En Argentina el Trabajo Sexual voluntario no es un delito, sin embargo, en 18 provincias continúan vigentes artículos contravencionales que criminalizan con multa y/o arresto su ejercicio en la vía pública. Las Trabajadoras y Trabajadores Sexuales no tienen acceso a una obra social ni a aportes jubilatorios y existe una confusión entre Trata y Trabajo Sexual que habilita allanar los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas. Además, quienes ejercen de manera consentida son siempre sospechadas de ser víctimas.Para los integrantes de FUERTSA “la estigmatización, la falta de derechos y el contexto de criminalización de las Trabajadorxs y los Trabajadores Sexuales afectan de manera directa su libertad, seguridad, salud y hasta su vida”, dice el documento de presentación del Frente. En este sentido, plantean como eje fundamental promover un contexto favorable, en el cual el trabajo sexual no esté condenado desde el punto de vista legal ni social, mediático y/o ético-moral.Consideran que “un cambio legislativo y cultural es necesario para el empoderamiento de quienes ejercen la actividad y sus entornos sociales”. De esta forma, dicen, se contribuiría a crear un país más igualitario, tal como lo demostraron las experiencias recientes de ampliación de derechos a partir de la promulgación de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género.