San Juan
Viernes 10 de Abril de 2015

Comenzó el juicio por trata con fines de explotación sexual

Son juzgadas 19 personas que regenteaban 16 prostíbulos en la provincia. Explotaban comercialmente el cuerpo de 60 mujeres, madres solteras y con limitados recursos económicos.

Hoy comenzó el juicio a 19 personas que regenteaban 16 prostíbulos en la provincia de San Juan. Explotaban comercialmente el cuerpo de 60 mujeres, madres solteras y con limitados recursos económicos. Las víctimas eran residentes, en su mayoría, de provincias argentinas, aunque también había algunas nacidas en Paraguay y República Dominicana. Fueron instruidas por los dueños de los antros para el día en que llegaran los allanamientos.

Según los investigadores, casi todas "dijeron que estaban allí libremente, que no dependían de nadie y que sólo pagaban un alquiler, o una suma de dinero por seguridad". Sin embargo, unas pocas aseguraron haber rotado por diferentes locales nocturnos. Esos datos fueron comprobados gracias a las agendas y libros de cuentas incautados por las fuerzas federales.

"En todos y cada uno de los locales y privados investigados se halló documentación que daba cuenta de un estricto régimen de asistencias, listas de deudas, controles médicos seriados y fotocopias de distintos documentos", señalaron los funcionarios judiciales en el requerimiento para elevar el caso a juicio. Allí, indican que los detenidos "han participado en al menos un tramo del proceso constitutivo del delito de trata de personas: ya sea en el traslado de algunas de las víctimas, así como en etapa de recepción y acogimiento con fines de explotación sexual".

Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dijo sobre el caso: "Esos prostíbulos concentraban una muy variada gama de víctimas. Una víctima menor de edad, la gran mayoría con una situación de vulnerabilidad extrema. Es una radiografía completa del sistema prostibulario a nivel nacional. Como son muchos, no está establecido que exista una conexión absoluta entre todos ellos. Si bien hay algunos que funcionaban coordinadamente, con un sistema de rotación de las mujeres prostituídas, hay otros que tuvieron una actuación más independiente. No tenemos registro, noticias o denuncias de que alguno de estos lugares esté abierto actualmente".

Luego, agregó: "A veces se viola la clausura y los prostíbulos terminan funcionando de un modo más encubierto que antes. Las características de las víctimas en general son idénticas en las provincias y en Capital Federal, o las grandes ciudades. La mayoría proviene de situaciones de vulnerabilidad muy importantes, a veces extremas. Provienen de hogares monoparentales, con hijos que mantener. Muchas son traídas desde Paraguay, de República Dominicana, vienen de una situación de características similares. En las provincias, las whiskerías están apartadas de las ciudades y hay una situación de vulnerabilidad mayor".

La complicidad policial
El 14 de abril de 2012, cuando la Policía Federal allanó los 16 prostíbulos, algunos con la puerta a la calle y otros que funcionaban en departamentos, apareció un agente de la policía provincial que lucía su uniforme en uno de los tugurios. Los investigadores señalaron que estos sitios "contaron con protección policial para su funcionamiento en el caso de los lugares públicos, y con controles deficientes en el caso de los denominados 'privados'. Con mujeres que rotaban en la mayoría de los casos y llevaban un tiempo relativamente corto de permanencia en lugar, pero con un flujo mayor de mujeres que se constató a partir de elementos de prueba secuestrados en los allanamientos como, por ejemplo, análisis clínicos y fotocopias de DNI".

Según el requerimiento fiscal, existe "una estructura policial encabezada por la Jefatura de Policía de la Provincia de San Juan y seguida por las comisarías locales que disponía ciertas 'regulaciones' de la explotación de la prostitución ajena, omitiendo deliberadamente denunciar hechos que infringen normas penales de carácter nacional". En este punto, cabe destacar que los agentes de la fuerza local realizaban horas adicionales en los prostíbulos, vistiendo uniforme, y muchas veces tras la barra de los supuestos bares.

La Procuraduría que dirige Colombo indica "que deberá analizarse la posible responsabilidad de la División Servicios Especiales de la Policía de la Provincia de San Juan, así como de las comisarías correspondientes a cada una de las localidades en las que se encontraban los prostíbulos". Según los investigadores, "los uniformados habrían permitido la explotación del comercio sexual u omitieron denunciar los hechos".

"Cualquiera sea el motivo que llevó a los oficiales de policía a estas periódicas incursiones, o a brindar 'seguridad' a proxenetas que se enriquecían a expensas de la explotación sexual de mujeres y adolescentes, es imposible sostener que no se hayan percatado que se trataba de comercios que violaban la prohibición del artículo 15 y 17 de la ley 12.331", aseguraron los funcionarios judiciales.
Así, los dueños y encargados de los prostíbulos llegan acusados por los delitos de trata de personas mayores y menores de edad "con finalidad de explotación sexual, en concurso ideal con explotación económica de la prostitución ajena, y en concurso real con la administración y regenteo de casas de tolerancia. Y, en algunos casos, en concurso real con la facilitación de la permanencia irregular de extranjeros", explicaron funcionarios judiciales.

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