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Buscan instalar equipos electrónicos en la casa de los presos que porten las pulseras de control

Luego de firmarse un convenio la mañana del jueves entre Nación y el Gobierno provincial, se estableció el acceso a un programa para control de presos con salidas transitorias. Este es el detalle. 

El Ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, firmó convenio marco de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Dr.Juan Bautista Mahiques, para la aplicación del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. Además, participó el Director Nacional de Readaptación Social de la Nación, Dr. Matías De Sanctis.

En 2015, el Ministerio de Justicia de la Nación creó el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, bajo resolución 1379/15. Este año, a través de una nueva resolución (86/16) se posibilita a las provincias argentinas acceder al programa, por lo que el Ministerio de Gobierno de la Provincia realizó la solicitud a la Nación para brindar las herramientas que el programa prevé a la Justicia provincial.

En un primer momento, la empresa proveedora del servicio, SURELLY S.A, por aprobación de nación y provincia, ofrecerá al Ministerio el sistema para arrestos domiciliarios, que consiste en la instalación de un equipo electrónico en el hogar del preso vinculado directamente con una pulsera electrónica que marca el perímetro dentro del cual puede moverse la persona, dentro del hogar.

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Se instala un dispositivo en el lugar donde se llevará adelante el arresto, se fija un rango con determinado alcance corto, mediano y largo, y cuando la persona sale de ese rango el dispositivo dispara una alerta que llega a la empresa que presta el servicio y a la base operativa de la Provincia, que sería el COP. Habrá capacitación para la atención psicosocial. El programa tiene el eje de monitoreo y el segundo asistencia donde interviene una dupla conformada por , que se encargan de promover los derechos que las personas privada de libertad tiene vulnerados. 

En una segunda etapa, la empresa proveería pulseras y/o tobilleras electrónicas para aplicar a las salidas transitorias, que constarán de un sistema conectado a GPS para la localización de la persona que recibe el beneficio judicial.

La empresa SURELLY S.A será la encargada de la instalación del servicio y también del monitoreo, con relevo inmediato de información a las autoridades competentes en la Provincia.

Cabe destacar que la empresa proveerá al Ministerio de los equipos necesarios, en tanto y en cuanto la Justicia lo solicite y autorice dado el caso.

Además, un segundo eje del Programa contempla un equipo de profesionales, psicólogo y asistente social, para realizar acompañamiento de la persona privada de su libertad orientado a la reinserción social, conjunto al trabajo que realizan las instituciones provinciales en este sentido.

El Director Nacional de Readaptación Social de la Nación, Dr. Matías De Sanctis, brindó detalles técnicos del Programa relacionados a su funcionamiento. Además, explicó que este beneficio incluye a personas privadas de su libertad mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres de hijos menores de 5 años o personas con discapacidad.

“El convenio se extenderá por un año, arrancaremos con 30 dispositivos de control electrónico, y a raíz de la necesidad que nos planteó Baistrocchi respecto de las salidas transitorias estamos analizando las cuestiones legales para implementar este dispositivo para personas que salen de la unidad penitenciaria, ya que el convenio prevé la posibilidad de celebrar actas complementarias”, explicó el funcionario y agregó que el dispositivo funciona con tecnología de radiofrecuencia.

“Se instala un dispositivo en el lugar donde se llevará adelante el arresto, se fija un rango con determinado alcance corto, mediano y largo, y cuando la persona sale de ese rango el dispositivo dispara una alerta que llega a la empresa que presta el servicio y a la base operativa de la Provincia (en este caso será el nuevo COP) Habrá capacitación para la atención psicosocial. El programa tiene el eje de monitoreo y el segundo asistencia donde interviene una dupla conformada por profesionales que se encargan de promover los derechos que las personas privada de libertad tiene vulnerados”, agregó De Sanctis.

Finalmente, el Ministro Emilio Baistrocchi recordó la reunión previa con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y manifestó que este Programa “es un ejemplo concreto de la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tanto nacionales como provinciales”. (Prensa Ministerio de Gobierno)